Más allá de las razones que expongan abogados y periodistas, en el meollo del asunto debe estar la discusión sobre derechos y deberes de los comunicadores, la legislación respectiva y la situación excepcional que se vive en El Salvador donde al menos 13 compatriotas son asesinados cada día.
*opinión editorial de Raíces (www.raices.com.sv)
Las quejas de la prensa, en especial de empresarios y editores, han calado con la decisión de la jueza Segunda de Menores, María Isabel Ponce, de iniciar una investigación por la publicación del rostro y la identidad de un menor infractor que asesinó al estudiante Carlos Garay a plena luz del día.
La Ley Penal Juvenil no da pie para interpretaciones antojadizas. En uno de sus artículos prohíbe que los medios de comunicación publiciten las generales y el rostro de menores de edad, por debajo de los 18 años, aunque eso choca con el derecho a la información que ventila el conocimiento de los asuntos de interés público.
Y esa es la defensa de los colegas periodistas, en especial de La Prensa Gráfica, medio en el que apareció la secuencia del hecho de sangre. Como dicen, la labor periodística estima como conveniente la oportuna información y denuncia de sucesos que alteran la convivencia ciudadana.
El antecedente de hace unos años fue el del menor conocido como “El directo” que también fue presentado en el espacio público por la mayoría de medios de comunicación salvadoreños. En aquella oportunidad, periodistas, fotoperiodistas y editores fueron llamados por los tribunales. Al final, los administradores de justicia se retractaron.
Más allá de las razones que expongan abogados y periodistas, en el meollo del asunto debe estar la discusión sobre derechos y deberes de los comunicadores, la legislación respectiva y la situación excepcional que se vive en El Salvador donde al menos 13 compatriotas son asesinados cada día.
No vivimos en una situación normal, el país es uno de los más violentos del mundo que supera en la vorágine a México y Colombia, por ejemplo. De ahí que la discusión pública debe tomar en cuenta ese contexto. El aparato jurídico también debe estar acorde a la excepcionalidad sin caer en la simpleza de que con leyes duras se acabará la violencia.
Que el crimen organizado y el narcotráfico hayan invadido las diferentes instancias del Estado nos obliga a repensar un ataque integral de las causas y efectos de la delincuencia. Ya caímos en el vacío, no se puede negar. El gobierno de la República, junto a los demás sectores, tiene la obligación de responderle al conglomerado.
Desde el espacio mediático que nos corresponde, sería sumamente oportuno que se estableciera un estatuto profesional del periodista donde se recojan legalmente las posibilidades del buen hacer de la comunicación colectiva; es decir, las reglas claras, máxime en circunstancias tan excepcionales como las que vivimos.
Tampoco creemos oportuno que la prensa, en general, se haga la víctima. Más que enviar de manera sensacional una denuncia a foros internacionales sería de mayor provecho para la sociedad salvadoreña que los actores del proceso se sienten, discutan y den los cambios prudentes que amerita la situación.
A raíz del acontecimiento, es también un hecho que los medios de comunicación hacen lo posible por publicitarse, por aparentar que son la mejor propuesta comunicativa, etc., con un deje de manipulación. Más de algún colega ha dicho que –tal como está la ley- bien pudieron los editores ocultar el apellido del menor infractor y desvanecer su imagen.
Entonces, bien podemos interpretar que en la mente de algunos colegas periodistas y editores cabe el criterio de oportunidad por el espectáculo más que la consecuencia de presentar un trabajo que, además de respetar a los ciudadanos, englobe la misión moralizadora que debe atender cada medio de comunicación.
