¡UNETE YA!

21 feb 2010

LA VIOLENCIA: PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y REINSERCIÓN

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Es innegable que el sentimiento de inseguridad y la inseguridad misma que reinan en El Salvador es un terreno propicio para cualquier desliz demagógico y para agravar las leyes represivas existentes en el país. Los gobiernos de ARENA y la derecha que se distinguieron por fracasar desastrosamente con sus leyes “Mano Dura” y “Mano Super Dura”, despliegan ahora una campaña en el país a través de los medios de comunicación, tratando de hacer creer a la población que la agravación actual es el resultado de la política del gobierno de Mauricio Funes. Esas inicuas leyes todavía siguen vigentes. La asamblea en vez de esperar la preparación, presentación y puesta en marcha del plan anti-violencia del nuevo gobierno decidió una medida de llevar hasta quince años de prisión para delincuentes menores.

Esta medida no persigue realmente disminuir la delincuencia, sino mostrarle a la población que la Asamblea también “actúa” en este frente. Porque la experiencia nacional, como internacional nos muestra que ninguna agravación de las penas conduce a la eliminación de la criminalidad. Ni siquiera la pena de muerte ha sido disuasiva en ningún lugar.

Este hecho legislativo es sintomático de un mal salvadoreño aún más profundo, de carácter social y moral. Los diputados han tratado de responder a la espera de la población. La población vive ahora atemorizada, sumida en el miedo. La población quiere ver resultados rápidos, visibles, inmediatos.

Después de tantos años de aplicación de leyes represivas, pero sobre todo inútiles para la lucha contra la criminalidad, porque el carácter mismo de esas leyes es ante todo vengativo, no se logra llegar a un consenso de lucha preventiva. La sociedad salvadoreña no tiene como principio de justicia el castigo, sino que la venganza. Es por eso que las penas en El Salvador pueden, con sorprendente facilidad, superar el medio siglo de reclusión. Este espíritu de venganza se arraiga en el carácter despótico de toda la sociedad.

La medida votada por la Asamblea se inserta de manera inmediata en la misma línea que movió al presidente Funes a poner al Ejército en la calle, sin preparación y sin legitimidad. En esta misma línea entra también la proposición del ministro de la Defensa de instaurar estados de sitios. Son medidas y proposiciones que no corresponden a la lucha contra la criminalidad, pero sí responden al miedo de la población, a su aspiración vengativa. Los posibles grupos de exterminio reposan en el mismo principio de venganza.

Una de las primeras cosas a las que deben proceder los ministros y el presidente es decir la verdad: la violencia, la criminalidad se han desarrollado durante tantos años, han penetrado tan hondamente en la sociedad que esperar resultados inmediatos es imposible. Esta verdad tiene que imponerse. Pero esto no significa que las medidas preventivas, las medidas de lucha contra la delincuencia no deben de ser inmediatas. Al contrario hay urgencia en emprender desde ya planes que conduzcan realmente a sanear la sociedad en su conjunto de la violencia.

Porque nuestra sociedad es violenta, desde las relaciones intrafamiliares, las relaciones en las escuelas, en el trabajo, en la calle, en los buses, en todo el ámbito nacional. Las relaciones del Estado con la sociedad también son violentas, la policía tiene un trato agresivo con los ciudadanos, con cualquier ciudadano. Todo ciudadano es tratado como un sospechoso, como un delincuente en potencia. La policía se ha vuelto un ente extranjero a la sociedad, su presencia no es garantía de seguridad. La policía causa sosobra en la población, al igual que cualquier otra banda. Toda persona que tiene algún poder lo ejerce de manera violenta, ya sea un empleado municipal, secretaria, recepcionista, etc. Todo aquel que puede imponer su voluntad lo hace sin mayor remordimiento, sin preguntarse si su manera de actuar es la más justa, la más correcta. Es en este terreno que ha crecido la violencia delictiva en el país. Son constantes en el país las quejas de empleados sobre el autoritarismo de sus jefes.

El cambio de sociedad al que anhelamos incluye también una radical transformación en las relaciones entre la gente. A partir del hogar, en donde la autoridad parental no sea sinónimo de violencia parental, de castigos físicos, de abusos. En las escuelas no debe de reinar la autoridad del profesor que pretende saberlo todo y no se da tiempo de interrogarse si su manera de enseñar es la mejor, la más adaptada a sus alumnos. Los directores que ordenan sin consultar, que imponen reglamentos, que inventan normas.

Es menester que sepamos conjugar en nuestra sociedad el tríptico prevenir, educar y reinsertar. Desde las escuelas parvularias es necesaria la presencia de un adulto en permanencia para la mediación en los conflictos infantiles, que implique el uso de la palabra apaciguadora, que inculque que los conflictos no deben terminarse obligatoriamente por la satisfacción vindicativa de una de las partes.

No obstante es necesario que no nos ocultemos que la prevención además de necesitar mucho tiempo de dedicación, requiere de medios económicos. Pues no todos estamos preparados, no todos somos formadores natos. Necesitamos que los educadores sigan cursillos especializados, cuando digo educadores, me refiero desde los animadores de clubes deportivos hasta los profesores. Es necesario que se cree en todo el país una red extensa de casas de recreo y actividades infantiles y juveniles. Creo que ideas no faltan. Faltan medios y mucha voluntad y también paciencia.

Me sorprende que ante este cataclismo social, las autoridades no hayan tomado ninguna medida que elimine de manera radical la circulación de las armas de fuego en el país. La gente está ahora alarmada por el uso de armas de guerra en actos delictivos. ¿Cómo es posible que se justifique la presencia de armas en la sociedad como una posibilidad de defensa personal? Estudios europeos muestran que las personas que poseen armas y que no son delincuentes corren mayor peligro de muerte frente a un delincuente decidido a hacer uso de su arma. Lo primero que mostraría una determinación gubernamental es una reforma radical en este tema.

*por Carlos Abrego de Cosas Tan Pasajeras (http://cosastanpasajeras.blogspot.com)

“PARA LOS QUE DICEN QUE NO TENEMOS UN PLAN, ¡AQUÍ ESTÁ LA PRUEBA!”


El ministro de justicia y seguridad pública, Manuel Melgar, apilaba un montón de papeles mientras iba pronunciando sus títulos este viernes: de un fólder celeste sacó un documento, “Política nacional de seguridad pública”; luego uno anillado y empastado en plástico negro, “Política penitenciaria”, luego otros dos, elaborados por la policía, “Plan estratégico 2009-2014” y “Plan Batalla por la Paz”. De todo eso, el ministro no habló.

El miércoles 17 de febrero se anunció que el gabinete de seguridad presentaría este viernes las estrategias con las que piensa combatir la violencia y la criminalidad en el país. Este sería el primer anuncio oficial sobre el tema, luego de ocho meses de haber asumido el Ejecutivo y después de una amplia ronda de consultas con distintos sectores, que abarcó desde medios de comunicación hasta iglesias y a las que sólo se accedía bajo un acuerdo de estricta confidencialidad.

La ceremonia fue presidida por el secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún, quien aseguró que por mandato presidencial se había estado trabajando, durante meses, en la elaboración de una compleja estrategia de combate al crimen. En seguida tomó la palabra el ministro Melgar para comentar, entre otras cosas, que esta política no podía ser develada en su totalidad y que por lo pronto hablaría sólo de las medidas “inmediatas”; estas se referían a la policía, a centros penales y a migración.

Sobre la policía, el ministro adelantó que a partir del 15 de marzo la institución entraría en un régimen de disponibilidad focalizado en las áreas de mayor necesidad y que las fuerzas armadas hospedarían a los policías en algunos de sus locales, además de prestarles 700 fusiles. Que se invertirá en mejorar el equipo tecnológico del sistema 911. Que están prontos a graduarse 247 nuevos agentes y que 150 mujeres policías de tránsito saldrán a hacer cumplir el reglamento vial y de paso a reivindicar la política de género del presidente Mauricio Funes. Que habrá mil 87 ascensos, desde cabos hasta inspectores, y que los Estados Unidos han donado 272 computadoras. Además, ahora los agentes dispondrán de 100 dólares como bono de comida y un poco más para los investigadores.

En el área de Migración anunció que los militares custodiarán los puntos ciegos en las fronteras y que seguirán haciendo lo que hacen ahora: apoyar a la policía. Sobre la nueva política penitenciaria anunció que de inmediato entraría en vigencia el plan “cero corrupción”, del que ha decidido no decir más que el título... por razones de seguridad.

Todas estas propuestas tendrán un costo de cerca de 67.5 millones de dólares, de los cuales 15 dependen de la aprobación de un préstamo, 21.5 de cooperación internacional y el resto, menos de la mitad, saldrá de recursos propios del Estado. En este cálculo no está incluido el costo que tendrá el plan secreto de centros penales, porque el monto también es secreto.

Por insistencia de la prensa, los miembros del gabinete se refirieron a algunos otros asuntos, como por ejemplo la propuestas del general David Munguía Payés en el sentido de decretar estado de excepción en algunas áreas del país: el general aseguró que si bien no había sido contemplado dentro del paquete de medidas “inmediatas”, no hay nada descartado. Sobre la posibilidad de impulsar desde el Ejecutivo una ley que prohíba la portación de armas en el país, Melgar dijo que no hay decisión, y que esa medida tendría que ser “ampliamente discutida” en el futuro.

-General Payés, usted estaba convencido de la necesidad de implementar estados de excepción para paliar la violencia. ¿Ha quedado descartada la medida?

-Si ha quedado descartado esto no se lo puedo contestar en este momento, no quiero telegrafiar algunas medidas que se pudieran dar en el futuro.

-El subdirector de seguridad pública de la PNC (Hugo Ramírez) mencionó que habían solicitado que el ejército se hiciera cargo de algunos centros penales. ¿Esto sí está descartado?

-Por el momento ninguna de las recomendaciones que se han hecho están descartadas; en la medida en que desarrollemos el plan lo iremos evaluando y pudiera ser que algunas medidas se contemplen en el futuro.

La directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos, tampoco ha conseguido despejar sus dudas. Pese a que este organismo fue diseñado como un consejo asesor, en la práctica es una sola persona la que lo integra. Asegura que le ha pedido al presidente que defina sus funciones, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta: “Le hemos pedido al presidente que defina la ubicación, porque si no va a ser un ente asesor, tiene que ser ejecutor, entonces estamos esperando que él lo defina”.

Ni Hasbún ni Melgar quisieron comprometerse con resultados concretos, ni con plazos específicos. Sin embargo, el secretario de Asuntos Estratégicos mostró una hoja en la que aseguró que estaba diseñada toda una matriz de trabajo, con plazos, indicadores y mediciones para cada punto. La hoja no es pública. En seguida, Melgar tomó la palabra y fue sacando papeles de su fólder celeste, a los que luego sepultó bajo un anillado negro y dos documentos más: “Para los que dicen que no tenemos un plan, ¡aquí está la prueba!”, sentenció, dándole una palmadita a la pila de planes secretos.

*por Carlos Martínez para El Faro

LA INSEGURIDAD PUEDE PROVOCAR EL FRACASO DEL CAMBIO



El mismo presidente Mauricio Funes ha aceptado con preocupación que el Estado salvadoreño está permeado por el crimen organizado y el narcotráfico; por lo tanto, a buen oidor pocas palabras: partidos políticos, fiscalía, policía, tribunales, empresarios, instituciones del gobierno, alcaldías, etc., están contaminados.

Aparte de la falta de entendimientos entre los diferentes sectores y los jaloneos del presidente Mauricio Funes con su mismo partido, el punto realmente crítico del estado actual en que se encuentra el país se llama inseguridad. La oportunidad de sentar las bases del cambio entonces está en grave riesgo.

Si bien una campaña frontal contra la delincuencia desde todos los ámbitos requiere, en primera instancia, del aporte económico de los empresarios (que se lamentan tanto del problema) también es importante la claridad discursiva de todos en sintonía con la urgencia de apostarle a la democratización de la sociedad.

Precisamente, esto último resulta ser la oportunidad que se abrió con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, en Chapultepec, México, pero que dos décadas después consideramos oportunidad fallida ante la incapacidad de la derecha política y empresarial de coadyuvar desde una postura patriótica con la construcción de una nueva sociedad.

Desde el espacio público constatamos que -aunque en muchos casos a medias verdades- no existe un tan solo integrante de la clase política que asuma el problema de la inseguridad como algo banal, muy al contrario se perfila como uno de los peores momentos en la historia contemporánea del país.

El mismo presidente Mauricio Funes ha aceptado con preocupación que el Estado salvadoreño está permeado por el crimen organizado y el narcotráfico; por lo tanto, a buen oidor pocas palabras: partidos políticos, fiscalía, policía, tribunales, empresarios, instituciones del gobierno, alcaldías, etc., están contaminados.

Otra cosa es asumir demencia ante esta grave situación que puede cerrar la puerta que se abrió para construir el sonado cambio que tanto necesitamos. El turno es de la izquierda ante la debacle de la derecha que no encuentra rumbo, pero la sociedad espera realmente el aporte de una izquierda coherente y tonificada.

De ahí que la izquierda, en especial la aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya no puede extrañarse del gobierno en el que es partido oficial y, muy al contrario, mostrar su pertenencia. Su turno es para cinco años y va en camino de cumplir uno, el país amerita que realmente hagan gobierno.

El Salvador necesita una izquierda que desde su cúpula oriente a sus sectores, que movilice a sus sectores, mientras en sus bases que se asuma el compromiso verdadero con el cambio, que acompañen los procesos. El peor fracaso que se puede esperar en esta situación excepcional es que luego no quede otra que llorar sobre la leche derramada.

Opinión Editorial Raíces, Periodismo Alternativo: http://www.raices.com.sv/postura.php?id=260

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