El último presidente de Arena se caracterizó por su filosofía de que la mejor ley de acceso a la información es la que no existe. Hasta su partido le repudió su actitud antes de expulsarlo a finales de 2009, tras descubrirse que gastó 219 millones de dólares más que los autorizados por la Asamblea. Ahora es Funes quien, tras ocho meses en el cargo, parece seguir las huellas de su antecesor.
Daniel Valencia Caravantes para El Faro
Mauricio Funes, recien electo presidente, visita a Antonio Saca en Casa Presidencial el 31 de marzo de 2009, donde acordaron la creación de una comisión de transición. Foto Archivo
El gobierno de Mauricio Funes actúa como el gobierno de Antonio Saca cuando de transparentar -u ocultar- los gastos de publicidad se trata. Y Julio Rank, el ex secretario de Comunicaciones de Saca, y David Rivas, su sucesor, así como Élmer Charlaix, es secretario privado de la Presidencia de Saca, y Francisco Cáceres, su sucesor, actuaron y acúan de manera similar.
La práctica de esconder lo que hacen o la información que manejan también cunde en el Ministerio de Economía, en Hacienda y en Protección Civil, donde simplemente se niegan a responder sin argumentos legales. Aunque en estos casos la información que ocultan no tiene que ver con publicidad.
En un período de 16 meses El Faro solicitó por escrito diversa información a las oficinas presididas por 53 funcionarios, tanto del gobierno de Antonio Saca como del gobierno de Mauricio Funes. El ejercicio también se hizo con la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República. Y hubo respuestas claras y sumamente rápidas a las peticiones, pero estas fueron las excepciones. La mayoría de respuestas -o falta de respuestas- probaron que lo que se supone que es ley solo existe en el papel, pues El Salvador es suscriptor de tratados que reconocen el derecho de la gente a buscar información y la obligación del Estado a proveerla.
El más reciente referente de la falta de transparencia es posiblemente la actuación del ex presidente Saca, quien durante su quinquenio logró hacer llegar a la Presidencia de la República 219 millones de dólares adicionales a lo aprobado por la Asamblea Legislativa. El dinero salió de diversidad de oficinas estatales, cuyos saldos no ejecutados se canalizaban hacia Casa Presidencial para que esta los usara sin mayores explicaciones. Este gasto, sin embargo, fue avalado por el presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, quien aseguró que todo se utilizó legalmente, aunque nunca se hizo pública la auditoría correspondiente.
Durante un año 4 meses, El Faro se embarcó sobre un mar que no prometía llevarlo al tesoro del final del arcoiris ni mucho menos acceso a algo que se piensa es asunto de interés exclusivo de la prensa y de los periodistas: la información pública. Tan pública que afecta a todos los ciudadanos por igual; tan pública que es de todos. “Una sociedad más informada es más democrática”, decía el ex relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, allá por 2004, el año en que Saca asumió el poder. Una sociedad más informada es más democrática. A mayor información mejor decisión. Información = Transparencia. Okay.
De los 53 funcionarios a quienes se pidió información por vía escrita, tres eran de la administración anterior y uno de ellos era el propio Saca, que junto a Rank, y el ex ministro de Hacienda, William Hándal, nunca revelaron cómo y cuánto del dinero público se estaba gastando en el Ejecutivo, pese a las cinco peticiones de información que hizo este periódico entre noviembre de 2006 y marzo de 2009. El grueso de los consultados (19) está en la Corte Suprema de Justicia, que en dos oportunidades, en pleno -una bajo la presidencia de Agustín García Calderón y otra bajo la presidencia de Berlarmino Jaime- ha deliberado si procede o no informar cómo están los informes de Probidad de los funcionarios públicos. Informes en donde hay anomalías en más de 200 casos desde 1999. Los 19 magistrados que conocieron de las peticiones tampoco dieron la información.
El resto es una muestra de ministros, viceministros, mandos medios de instituciones, alcaldes y jefaturas de delegaciones policiales que en su mayoría ni siquiera respondieron a nuestros pedidos. Entre noviembre de 2008 y febrero de 2010, El Faro envió 23 pedidos de información a funcionarios del estado, pero solo cuatro se atrevieron a revelar la información solicitada; tres dijeron que no la podían dar y el resto ni siquiera se tomó la molestia de responder que no responderían.
El ejercico cubrió dos períodos presidenciales, y sin embargo, con nuevo gobierno, en un El Salvador democrático, ¿por qué cuesta tanto conocer cómo se manejan las cosas detrás de los muros de las instituciones estatales? La respuesta parece tener su origen en algo que el ex presidente Saca se preocupó por precisar: "La mejor ley es la que no existe”. Eso dijo siempre que se le preguntaba su opinión sobre una Ley de transparencia y acceso a la información.
¿Y Funes? Todavía no dice nada oficialmente, aunque prometió transparencia desde antes de asumir el cargo, y en su discurso de toma de posesión aseguró que la transparencia iba a ser algo sagrado en su gobierno. Pronto, el nuevo presidente dio muestras de que había decidido profanar su palabra, cuando su gobierno se rehusó a informar cuánto estaba gastando en publicidad, después de una petición hecha por El Faro en septiembre pasado.
Funes, ahora, es heredero de la cláusula en la Ley de presupuesto que permite al Ministerio de Hacienda transferir a la Presidencia el dinero no utilizado mes a mes por otras instituciones del gobierno, para ir a parar a una cuenta llamada "de gastos imprevistos" y de la que nadie tiene certeza de cómo se utiliza. Esa es la que el gobierno de Antonio Saca engordó con al menos 219 millones de dólares que la Asamblea Legislativa no había autorizado, y esa es la que ahora, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), pide que se cauterice.
A continuación, descubra qué nos respondieron estos funcionarios cuando les pedimos una información concreta relacionada con su trabajo. La mayoría, cosas que tienen que ver con cómo –y por qué- se gasta el dinero de los salvadoreños.
Palabras que se lleva el viento
San Salvador, noviembre 22 de 2006. “No tener una ley de acceso de información de ninguna manera debilita la transparencia del gobierno. Tenés acceso a la información sin necesidad de ninguna ley”, dijo el entonces presidente Antonio Saca en un hotel capitalino, en una conferencia de prensa improvisada. A Saca, en esa ocasión, El Faro le pidió que abriera las cuentas de publicidad del Ejecutivo. Delegó a Julio Rank y este nunca entregó la información. Su jefe, tampoco.
San Salvador, septiembre 21 de 2009. “Yo recibí una copia de una carta que se le dirigió al secretario de comunicaciones y al secretario privado y le dije que le dieran curso, que le dieran trámite. Que el secretario de comunicaciones les informe el monto de lo invertido y que les informe también en qué medio se ha invertido y a través de qué empresa se ha hecho la contratación de esos espacios”, dijo el presidente Mauricio Funes, en una conferencia oficial en Casa Presidencial. Delegó a Rivas y a Cáceres para que dieran información del monto en publicidad del nuevo gobierno. A la fecha, nada. Ni de ellos ni de él.
Dato curioso #1: En 2008 El Faro reveló que entre 20 instituciones adscritas al Ejecutivo –incluida en la lista Casa Presidencial- habían gastado 33 millones 382 mil 728.25 de dólares en 62 campañas publicitarias diferentes, aunque nunca fue posible hallar un registro consolidado para todo el quinquenio 2004-2009.
Dato curioso #2: Unos 1.7 millones de dólares, en plena crisis económica, gastó el presidente Mauricio Funes en concepto de publicidad entre junio y octubre de 2009, según estimaciones de la empresa de monitoreo Publisearch.
Dato curioso #3: Funes contrató a la agencia Polistepeque S.A de C.V., empresa de su amigo Joao Santana, el mismo que le llevó la campaña electoral, para que dirigiera la publicidad de Casa Presidencial y de una decena de instituciones adscritas. Entre noviembre y diciembre, además, Casa Presidencial hizo precompras de pauta en medios por 4.18 millones de dólares en medios de comunicación. Toda esta información se conoció públicamente solo después de que El Faro la sacara a la luz, pues el gobierno en todo momento intentó mantenerla oculta.
Esas extrañas respuestas
El 17 de noviembre de 2009, El Faro envió al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, una petición formal de información en la cual le solicitaba acceso a la bitácora del Centro de Emergencias Nacionales, para verificar cómo actuó la institución antes, durante y después de la tragedia provocada por la tormenta Ida, esa que dejó 200 fallecidos y millones de dólares en daños. Tras una conferencia de prensa realizada ese miércoles 18, en el último piso del edificio de Gobernación, Meléndez dijo:
-¿Y por qué citaron tantos preceptos jurídicos para pedir la información? Eso me obligó enviársela al jurídico para saber cómo proceder. No era necesario homb’e.
Como no hay ley, la petición hacía mención a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por El Salvador que ponen al ejercicio de pedir información como un derecho. Gran problema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió hace años que la libertad de expresión puede entenderse como una manera concisa de abarcar el derecho a buscar y pedir información y a la obligación de los funcionarios de brindarla.
Datos curiosos: En la semana posterior al desastre de Ida, el diputado de Arena Roberto d’Aubuisson hizo circular una bitácora no oficial de Protección Civil. En esa bitácora se planteaba que la Dirección pudo haber hecho más de lo que hizo las horas previas al desastre natural que, entre otras cosas, provocó que la mitad de Verapaz, en San Vicente, quedara soterrada. El 15 de diciembre, al preguntarle sobre esa bitácora y sobre la información en deuda, Meléndez dijo lo siguiente:
-No podemos decir si es cierto o no porque no la hemos entregado nosotros. Tampoco podemos decir no es cierto porque en el fondo lo que vemos es que hay un uso político del tema. Si la Asamblea nos dice entrégueme un informe, ¿por qué no lo vamos a hacer? La bitácora no está elaborada para hacer un informe. La bitácora está elaborada para que todas las comunicaciones que lleguen vía teléfono al centro de operaciones se anoten. Eso no está previsto para ser un informe, muchos menos un informe público.
-¿Pero sí es información pública?
-No, sí. Eso no es problema. Pero si usted me dice "deme un informe completo", tengo que dárselo completo. Porque usted puede encontrar una llamada de un gobernador y no encontrar una respuesta. Pero eso no significa que no haya respuesta. Y fundamentalmente las respuestas más que vía radio se dieron vía teléfono.
-¿Y por qué no nos la entrega, pues?
-Porque se ha presentado esta situación.
-¿Y entonces cuándo?
-Una vez me entreguen el informe actuaré de acuerdo con lo que jurídicamente procede.
-¿Eso en plazo cuándo es?
-No sé por qué se han tardado tanto. Ya voy a preguntar.
Seguimos esperando que pregunte o que le respondan y que responda a El Faro.
