CARTAS FUNESTAS A POLITICA STEREO

From: Francisco d'Anconia [mailto:chicodanconia@hotmail.com]
Sent: Tuesday, March 23, 2010 11:36 AM
To: Francisco d'Anconia
Subject: Mauricio "No me interesa perseguir a corruptos" Funes

(No muy) Querido Mauricio: 

Sinceramente tus afirmaciones no me sorprenden en lo más mínimo. Desde que empezaste a pagar "favores" de la campaña, reenganchando a Nikki Salume, funcionario más corrupto de la ya por sí exageradamente corrupta administración Saca, sabía que esta cosa iba ir de mal en peor. ¿Cómo te va interesar andar persiguiendo corruptos si tu gran socio y asesor es el sinvergüenza de Tony Saca, después de Hugo Chávez el Presidente más corrupto en la historia reciente de América Latina? ¿Qué putas te va andar interesando ir en contra de los corruptos, si el "hueveyo" te está gustando "de a galán"; ya empezaste con Polistepeque, y te han gustado las comisiones que generan las generadoras hidroeléctricas que quieren construir, las ventas de bunker que le hace Blue Oil a la CEL y de los seguros de gobierno que maneja la mujer de Nikki, etc.. Te ha gustado seguir el negocio de guardias de seguridad fantasmas que tenía el difunto Chele Torrez, sólo que ahora lo haces a través de tu gran amigo Miguelito "Mecafe" Menéndez.

Has sido el creador del gabinete de gobierno más incapaz y vergonzoso en la historia de nuestro país, una combinación de fracasados de primera, asesinos, terroristas, secuestradores y pícaros. A un terrorista, cuyo principal mérito en su vida ha sido ser el artífice principal de la masacre de la Zona Rosa, lo ponés, como si fuera por joder, en el Ministerio de Seguridad. Un asesino y secuestrador confeso, compañero de fórmula tuyo, es una vergüenza que aparezca como Ministro de Educación; lo único que puede enseñarle a la niñez y juventud salvadoreña es como odiar, secuestrar y asesinar. Gerardo "el Chirolón" Cáceres, también conocido como "Fat Bastard", es tu gran operador político, el "Herbert Saca" del "Gobierno del Cambio" para lo único que ha sido exitoso es para cobrar por medio de amenazas y ahora en su nuevo trabajo es el encargado de comprar votos en la Asamblea Legislativa, apoyar a Tony en el financamiento de GANGA y desvanecer toda la corrupción de tus nuevos aliados de la administración anterior. Hablemos ahora del Ministro Centeno y particularmente de su espectacular actuación como Ministro de Gobernación en la Tormenta "Ida", cuando declaró la alerta roja hasta después de que había pasado la tormenta, propiciando la pérdida de cientos de vidas de salvadoreños humildes.

Es un lujo de gobierno Mauricio, pero falta, ahora tus amigos del FMLN se encargaron de politizar la PNC, poniendo en las jefaturas a ex-guerrilleros, expertos en todos los temas que la policia está supuesta a combatir. Que vergüenza me dá como salvadoreño ver como a una marcha de mareros, que exige mayores derechos para los criminales, es custodiada por decenas de efectivos de la PNC, mientras iba cometiendo actos de vandalismo por donde iba pasando. No sólo venis a vetar injustificadamente el aumento de penas a los menores que asesinan, sino que para acabar de fregar, venis a decir que deberían procesar al periodista que tomo las fotos del asesinato de un menor cuando lo estaban asesinando, porque no se metió a defenderlo. Ya me imagino lo que hubieras hecho vos si hubieras ido pasando mientras mataban a alguien, de seguro te hubieras bajado de tu caravana de 8 carros a separar a los jóveneves y a cachimbiar al que tenía el cuchillo.

¿Y donde dejás a tu Ministerio de Salud? No es culpa de la señora de 127 años que está a cargo del Ministerio, sino de la flamante ex-alcaldesa Menjivar, que está haciendo un trabajo igual o peor al desastre administrativo  que tenía en la Alcadía de San Salvador. Ahora los casos de dengue han crecdo en casi en un 1,000% y hasta ahorita esta empezando a fumigar para según ella prevenirlo. Mauricito y ¿cómo vas con tu promesa de campaña y de tu discurso inaugural que no habría escasez de medicinas en los hospitales? Nunca ha habido tanta escasez de medicinas en los hospitales que en tu glorioso "gobierno del cambio". Para acabar de joder a los salvadoreños venis a multiplicar los precios del agua, con una dupla de ineptos que hasta ahora han pasado por ANDA.

Los más rescatables de tu gobierno son Alex Segovia y Carlos "Manteca Nieve" Cáceres, personajes que han fracasado en su vida profesional y empresarial antes de venir a componerse como integrantes claves del gabinete económico de tu gobierno. Estos genios economistas y financistas se han estrenado pasando un presupuesto desfinanciado y paquetazo fiscal que no ha venido a incrementar la recaudación fiscal, sino únicamente a encarecerle más la vida a los salvadoreños. Han sido fabulosamente incapaces de echar a andar un plan anti-crisis y de auteridad en el gobierno y están endeudando al país de una manera desmesurada.
Menos mal que la Fabrica de Empleos, la Ciudad Mujer y el nuevo Hospital de Maternidad han sido éxitos fenomenales de tu gobierno, y una prueba contundente de que estas cumpliendo a cabalidad con tus promesas de campaña. No te dá vergüenza Mauricio, que hay más desempleo y que de las otras dos cosas, sólo has ido a poner las primeras piedras en terrenos que a saber de quien son y ni siquiera tenes el terreno ni los fondos para construirlos. Para que lo que si has sido bien cachimbón es para detener la construcción de las cárceles, pareciera que lo que quiere este gobierno es que los criminales anden por las calles delinquiendo y ahora hasta marchando.

¿Para quien está gobernando tu gobierno Mauricio? Pareciera que este tu "gobierno del cambio" está al servicio de los mareros, los criminales y todos aquellos corruptos y gangueros que están dispuestos a ponerse a tus servicios. Un gobierno que le ha encarecido la vida a los salvadoreños, ha propiciado la inseguridad, ha desincentivado la inversión y fomentado el desempleo. Un gobierno que, aunque sea muy difícil, está logrando ser igual de corrupto que el anterior, claro cuenta con la asesoría de tristemente célebres personajes como René Figueroa y Tony Saca. ¡Felicidades Mauricio! Has logrado crear el gobierno más incapaz y nefasto que hemos visto y, por supuesto, que putas te va interesar andar persiguiendo corruptos, si tus grandes aliados y compinches son el FMLN y Tonito Saca, el más pícaro y corrupto de todos.

Hasta la próxima,

Francisco d'Anconia

“EN EL CASO ROMERO, LA AMNISTIA YA NO APLICA”, DICE GOBIERNO

Cualquier caso considerado como crimen de lesa humanidad puede ser procesado en El Salvador porque no es prescriptible ni amnistiable, según la propia sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

*por Juan José Dalton para ContraPunto

“Como Estado Salvadoreño hemos reconocido la verdad sobre el caso de Monseñor Romero, que está contenida en el Informe de la Comisión Interamericana y que es coincidente con el Informe de la Comisión de la Verdad”, dijo enfático a ContraPunto el director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales.

Según esa Comisión de la Verdad, el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, fue asesinado por un Escuadrón de la Muerte, de ultraderecha, bajo el mando de Roberto D´Aubuisson (ya fallecido). Entonces, la llamada guerra sucia era parte de seguridad del Estado.

A diferencia de los anteriores gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que siempre tomaba una actitud defensiva frente a los reclamos, recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, la actual administración encabezada por Mauricio Funes, ha sido tácita en aseverar que se ha reconocido la autoridad del sistema interamericanos de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, así como de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (ONU).

Morales, un experto y defensor de la causa de Romero y de los Derechos Humanos desde distintos organismos de la sociedad civil y ahora como funcionario oficial, aclara que el gobierno está cumpliendo con el mandato vinculante emanado para el caso Romero, de parte de los organismos internacionales. No obstante, el Ministerio Público ni el sistema de justicia hacen lo propio, como tampoco el órgano legislativo en los cambios de leyes.

David Morales explica en esta entrevista otro tema importante que no ha sido muy tomado en cuenta para tener acceso a la justicia, quizás por desconocimiento en algunos casos, cuando no por displicencia del sistema judicial y es la inaplicabilidad de la Amnistía de 1993 para el caso de graves actos contra los derechos humanos durante el conflicto armado; ello debido a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2000.

Es decir, cualquier caso considerado como crimen de lesa humanidad puede ser procesado en El Salvador porque no es prescriptible ni amnistiable, según la propia sentencia del máximo tribunal.

¿Nos puede clarificar cuál es la posición de El Salvador frente al caso de Monseñor Romero ante la justicia interamericana?

“La posición que hemos adoptado como Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es el reconocimiento de la autoridad de dicha entidad, de su informe y de sus recomendaciones. Estamos en un punto de avanzada respecto a muchos otros países americanos en lo referido al reconocimiento de la autoridad de la comisión y del carácter vinculante de sus recomendaciones”.

¿Qué significa eso?

“Significa que hemos reconocido la verdad sobre el caso de Monseñor Romero, que está contenido en el informe de la CIDH y que es coincidente con el Informe de la Comisión de la Verdad (1993). Hemos reconocido también con la obligación de llevar adelante y de cumplir con las recomendaciones”.

¿Qué implica eso?

“Implica a todas las instituciones y órganos del Estado, de acuerdo a nuestro sistema de competencias. De acuerdo a ello, el gobierno tiene potestades para avanzar en materia de reparaciones para las víctimas: simbólicas, morales y materiales. Hemos incluido a las víctimas y a la sociedad civil en el proceso de diálogo, no sólo en el caso Romero, sino en los restantes y hay avances concretos en materia de reparaciones”.

¿Por ejemplo…?

“Hay un proyecto de corto plazo de crear una comisión asesora para gestar por primera vez en la historia de El Salvador, desde el ejecutivo, un plan de reparaciones a víctimas del conflicto armado. En el próximo mes de abril esto debería concretarse. Tenemos avances significativos”.

¿Qué pasa con los demás órganos del Estado?

“Hay algunos compromisos pendientes que atañen al sistema de justicia, particularmente a tribunales de justicia que han conocido casos concretos y a la institución del señor Fiscal General de la República. Estamos recibiendo señalamientos de que necesitamos avanzar en materia de investigación de muchas de las violaciones a derechos humanos, que hemos reconocido como Ejecutivo que se produjeron y de las cuales tenemos que dar pleno reconocimiento de los recomendaciones y de sentencias”.

¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos?

“Es un tema de agenda del Fiscal y de los Tribunales que debe ventilarse en El Salvador”.

¿Cuál es la causa de que algunos casos se han ventilado en los tribunales salvadoreños y otros no?

“Lo que ha ocurrido en El Salvador es un fenómeno de impunidad histórica, reiterada. El sistema de justicia no actuó oficiosamente en los casos. Una situación es el impedimento material, ya que si se quisieran investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil sería imposible investigarlas todas. Fueron decenas de miles. Ahorita quedan sin investigación muchas de las situaciones actuales, imagínense cómo será con las que ocurrieron hace 30, 20 años…”

¿Ni hubo voluntad?

“Exacto, tampoco hubo voluntad… Por tanto, las investigaciones y los procesos que se abrieron aquí fueron por iniciativa de las víctimas y de organizaciones de los derechos humanos que las representaban. Entonces, donde hay casos es porque las víctimas trataron de impulsar esos casos. Los casos que avanzaron fueron: La Masacre de El Mozote, jesuitas, algunos casos de desaparecidos… Pero aún en estos casos tenemos ausencia de investigaciones, de impulso de las instituciones de justicia, por lo tanto, seguiremos siendo señalados como incumplidores a nivel internacional en materia de derechos humanos”.

Pero estas instituciones de justicia alegan y se escudan en la Amnistía…

“Bueno, lo que tenemos es un esfuerzo de organizaciones civiles y de familiares de víctimas por presentar alegatos que indican que la Ley de Amnistía ya no surte efectos jurídicos para las violaciones de los derechos humanos, porque esto ya fue declarado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el año 2000. Es decir, la Sala dice que si se aplica la amnistía para casos de violaciones graves de derechos humanos, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad”.

¿Quiénes deciden eso?

“Esto lo deben decidir los operadores directos, los aplicadores de justicia. Este argumento jurídico no ha sido argumentado en contra ni ha perdido validez en las sedes judiciales. Lo que ha ocurrido internamente es que hay números denuncias en las que se sostiene la tesis de la inaplicabilidad de la amnistía y que no surte efecto. Pero en ocasiones no surte efecto para algunas autoridades judiciales. En el caso de la masacre de El Mozote, se llevan tres años desde la petición y el juez de la causa no se ha pronunciado. Hay otras varias denuncias que se interpusieron ante las anteriores dos fiscales que tampoco han sido tramitadas ni han recibido respuestas. Entonces, en realidad, las instituciones de justicia no han tomado una posición contundente sobre la aplicabilidad o no de la Amnistía. Es necesario que se abra el debate nacional sobre este tema”.

¿Cuál es el sentido e importancia real para la sociedad el pedido de perdón que hará el presidente Funes en el caso Romero?

“Los actos de esta naturaleza son actos de desagravio estatal que revisten una enorme importancia simbólica, porque este crimen se perpetró por agentes del Estado o de grupos ilegales armados que actuaban bajo la tolerancia o bajo el apoyo del Estado. Hay una responsabilidad del Estado por estos crímenes. Romero fue víctima de un Escuadrón de la Muerte; su martirio fue el símbolo de la victimización de miles de personas que murieron a manos de este tipo de estructuras. El presidente Funes pidió un perdón general que reunió rigurosamente los estándares nacionales para este tipo de actos. Las organizaciones romeristas solicitaron al gobierno que hubiera un perdón específico por el caso de Mons. Romero, por su simbolismo”.

El Estado reconoce su responsabilidad…

“Así es. Pero no sólo eso, sino que dignifica a Monseñor Romero y a la sociedad victimizada. Reivindica a Monseñor como un ejemplo a seguir. Las consecuencias de estas medidas pretenden garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro. El Estado asume también un compromiso de prevenir. Además se va a elaborar un video, se va a construir una plaza estatal, incluso, trabajo en materia educativa en las escuelas y trabajo en derechos humanos hacia los miembros del ejército y la policía, como medida para evitar en el futuro de hechos semejantes”.

AMNISTIA INTERNACIONAL INSTA A EL SALVADOR A REVOCAR SU LEY DE AMNISTIA

En un comunicado hecho público en Londres, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) hizo al mismo tiempo un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que cooperen plenamente con los investigadores permitiendo pleno acceso a sus archivos.

"Resulta inaceptable que los responsables de miles de desapariciones, asesinatos y torturas no hayan tenido que responder aún de sus crímenes", dijo Kerrie Howard, subdirectora para las Américas de Amnistía Internacional.

El arzobispo salvadoreño monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por pistoleros mientras celebraba misa en la capilla de un hospital y durante su funeral, celebrado seis días más tarde, los militares mataron a más de veinte personas, recuerda AI.

Un informe de la Comisión de la Verdad salvadoreña llegó en 1992 a la conclusión de que el mayor Roberto D' Aubuisson, mientras tanto fallecido, ordenó el asesinato del arzobispo a miembros de su servicio de seguridad, que actuaron como "un escuadrón de la muerte".

En 1993, El Salvador aprobó una ley de amnistía por la que impedía procesar a los asesinos y responsables de las numerosas matanzas, denuncia Amnistía Internacional, según la cual nadie ha tenido que responder por los crímenes cometidos durante el conflicto, que se prolongó desde 1980 hasta 1992.

El Gobierno salvadoreño reconoció en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por el asesinato de monseñor Romero, pese a lo cual "no se ha tomado medida alguna para investigar lo ocurrido", critica AI.

Miles de salvadoreños fueron asesinados, hechos desaparecer, violados o reclutados a la fuerza como niños soldados durante aquel conflicto.

Entre las víctimas había defensores de los derechos humanos, sindicalistas, abogados, periodistas, críticos del Gobierno y en su mayor parte civiles inocentes que no estaban directamente involucrados en el conflicto, recuerda AI.

Muchos niños fueron asesinatos, hechos desaparecer o entregados a otras personas de El Salvador o de fuera del país para su adopción con el falso pretexto de que habían sido abandonados por sus padres.

El ejército salvadoreño cometió numerosas violaciones de los derechos humanos, pero muchos de los asesinatos los cometieron los llamados escuadrones de la muerte.

Amnistía Internacional reconoce al mismo tiempo en su comunicado que la oposición armada, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacinoal, fue también responsable de atropellos de los derechos humanos.

LAS IMAGENES DE LA DISCORIDA Y LA PUBLICIDAD

Más allá de las razones que expongan abogados y periodistas, en el meollo del asunto debe estar la discusión sobre derechos y deberes de los comunicadores, la legislación respectiva y la situación excepcional que se vive en El Salvador donde al menos 13 compatriotas son asesinados cada día.

*opinión editorial de Raíces (www.raices.com.sv)

Las quejas de la prensa, en especial de empresarios y editores, han calado con la decisión de la jueza Segunda de Menores, María Isabel Ponce, de iniciar una investigación por la publicación del rostro y la identidad de un menor infractor que asesinó al estudiante Carlos Garay a plena luz del día.

La Ley Penal Juvenil no da pie para interpretaciones antojadizas. En uno de sus artículos prohíbe que los medios de comunicación publiciten las generales y el rostro de menores de edad, por debajo de los 18 años, aunque eso choca con el derecho a la información que ventila el conocimiento de los asuntos de interés público.

Y esa es la defensa de los colegas periodistas, en especial de La Prensa Gráfica, medio en el que apareció la secuencia del hecho de sangre. Como dicen, la labor periodística estima como conveniente la oportuna información y denuncia de sucesos que alteran la convivencia ciudadana.

El antecedente de hace unos años fue el del menor conocido como “El directo” que también fue presentado en el espacio público por la mayoría de medios de comunicación salvadoreños. En aquella oportunidad, periodistas, fotoperiodistas y editores fueron llamados por los tribunales. Al final, los administradores de justicia se retractaron.

Más allá de las razones que expongan abogados y periodistas, en el meollo del asunto debe estar la discusión sobre derechos y deberes de los comunicadores, la legislación respectiva y la situación excepcional que se vive en El Salvador donde al menos 13 compatriotas son asesinados cada día.

No vivimos en una situación normal, el país es uno de los más violentos del mundo que supera en la vorágine a México y Colombia, por ejemplo. De ahí que la discusión pública debe tomar en cuenta ese contexto. El aparato jurídico también debe estar acorde a la excepcionalidad sin caer en la simpleza de que con leyes duras se acabará la violencia.

Que el crimen organizado y el narcotráfico hayan invadido las diferentes instancias del Estado nos obliga a repensar un ataque integral de las causas y efectos de la delincuencia. Ya caímos en el vacío, no se puede negar. El gobierno de la República, junto a los demás sectores, tiene la obligación de responderle al conglomerado.

Desde el espacio mediático que nos corresponde, sería sumamente oportuno que se estableciera un estatuto profesional del periodista donde se recojan legalmente las posibilidades del buen hacer de la comunicación colectiva; es decir, las reglas claras, máxime en circunstancias tan excepcionales como las que vivimos.

Tampoco creemos oportuno que la prensa, en general, se haga la víctima. Más que enviar de manera sensacional una denuncia a foros internacionales sería de mayor provecho para la sociedad salvadoreña que los actores del proceso se sienten, discutan y den los cambios prudentes que amerita la situación.

A raíz del acontecimiento, es también un hecho que los medios de comunicación hacen lo posible por publicitarse, por aparentar que son la mejor propuesta comunicativa, etc., con un deje de manipulación. Más de algún colega ha dicho que –tal como está la ley- bien pudieron los editores ocultar el apellido del menor infractor y desvanecer su imagen.

Entonces, bien podemos interpretar que en la mente de algunos colegas periodistas y editores cabe el criterio de oportunidad por el espectáculo más que la consecuencia de presentar un trabajo que, además de respetar a los ciudadanos, englobe la misión moralizadora que debe atender cada medio de comunicación.