El asesinato de Monseñor Romero está vinculado a un aparato civil y uno militar. Habían terratenientes pagando los costos de las violaciones a los derechos humanos que ejecutaban los miembros de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y el Ejército.
*Beatriz Menjívar para ContraPunto
El 30° Aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero trajo a tierras salvadoreñas a Terry Karl y su equipo investigador.
Terry, una experta sobre la guerra salvadoreña y analista de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue una de las testigos claves en el juicio contra el Capitán Álvaro Saravia, por su responsabilidad en el asesinato de Monseñor Romero.
Karl lleva más de dos décadas recabando información del conflicto armado y la causa de asesinato del pastor. Su investigación le ha llevado a determinar que, durante la década de 1970, los grupos de poder de América Latina vivieron un miedo generalizado a la victoria comunista, que ya había permeado Europa.
Para frenar su avanzada en el mundo surgió la “Liga Anticomunista Mundial”, con una rama en América Latina, y que El Salvador integró con el aún partido político PCN, junto a los paramilitares de ORDEN.
La investigación involucra a Luis Ángel Lagos, el fundador del partido de derecha ARENA, Roberto D´Aubuisson, José Francisco Guerrero y Adolfo Cuéllar, como los primeros representantes de la “Liga”.
En 1975, la Liga declaró en Bolivia el plan “Banzer”, un aparato de vigilancia y archivo de las opiniones ideológico políticas de los sacerdotes del continente americano.
El país estuvo altamente influenciado por personal argentino, bajo el cual Estados Unidos financiaba operaciones, puesto que no lo podía hacer directamente por la restricción de sus leyes.
“Los argentinos comenzaron a formar algunos grupos en el ejército, pero terminó cuando los Estados Unidos apoyó (a Inglaterra) en la guerra de Las Malvinas”, detalla Karl.
“De ahí surgió la idea de vigilar e investigar a los sacerdotes de El Salvador… Formaron un escuadrón de la muerte, con miembros del ejército pero pagado con dinero de fuera, blanquearon (hacer afines) a los grupos religiosos y universidades religiosas”, explica la investigadora.
La retención de documentos del Mayor Roberto D´Aubuisson a manos del coronel Majano, detallan que el ejército formaba parte del plan ideológico ultraderechista.
Los documentos retenidos incluían “cómo planificar un golpe de Estado; la organización de los escuadrones de la muerte, cuyo título original era la organización de la lucha anticomunista en El Salvador; un nuevo plan político para gobernar a El Salvador mediante las Frente Amplio Nacionalista (FAN), grupo que posteriormente se transformó en ARENA”, informó Karl.
Con el ejército al servicio de la ultraderecha y el control de los discursos de los religiosos, los millonarios salvadoreños convirtieron a la Iglesia en perseguida al grado de determinar que Romero era una figura peligrosa, por apoyar la reforma agraria y brindarle acompañamiento a los pobres: su asesinato era inminente.
Karl afirma que su tesis se ve reforzada cuando en 1982, posterior al martirio de Romero y siendo profesora de Harvard, visitó el territorio con una delegación de políticos a fin de sostener diversas entrevistas.
La experta detalla que en una conversación con “un terrateniente muy importante”, con el jefe de la delegación, que para entonces era un senador muy conocido, le preguntó si eran los cubanos, los nicaragüenses y los soviéticos los que estaban causando el conflicto. Él respondió que no eran ellos, que “era la Iglesia”.
El asesinato de Monseñor Romero está vinculado a un aparato civil y uno militar. Habían terratenientes pagando los costos de las violaciones a los derechos humanos que ejecutaban los miembros de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y el Ejército.
“Yo no creo que Roberto D´Aubuisson era el único actor intelectual de matar a Monseñor Romero. Esa era una decisión de civiles y militares, fue pagado por civiles ricos. Es demasiado conveniente decir que la única persona muerta es la involucrada en eso, él no tenía el rango, el poder, en 1980, de hacerlo por sí mismo”, afirma la investigadora.
Sin embargo, las averiguaciones documentales y testimoniales también involucran a Gabriel Montenegro, “El Negro” Sagrera y al capitán Álvaro Saravia como parte de los autores materiales.
“La persona que disparó era miembro del equipo de Mario Molina, hijo del expresidente Arturo Armando Molina, señalado desde la Comisión de la Verdad. Y confirmado por Saravia como el coautor junto a D´Aubuisson, del plan. El equipo de seguridad provenía de Casa Presidencial, eran guardias nacionales”, detalla el periodista Carlos Dada, del periódico digital El Faro, quien entrevistó a Álvaro Saravia.
Un reportaje periodístico de Antoni Louis, del New York Times, publicado en 1994, señala que el jefe de la CIA en ese entonces, Robert Gates (actual secretario de defensa de Estados Unidos) estaba escondiendo información de las personas involucradas en el asesinato de Monseñor Romero.
De ahí que la investigadora recalca que quedan elementos que puedan revelar a más involucrados, “en los documentos desclasificados del Departamento de Estado, hay nombres como Roberto Daglio, Luis Escalante, hermanos Salaverría y el Señor Altamirano, dueño del matutino El Diario de Hoy. Pero aclaró que esa investigación se cerró con la elección del Presidente Reagan y nunca fue terminada”, señala la experta.
“La audacia (de Roberto D´Aubuisson) de matarlo, le dio una corona, fue una etapa en su Curriculum Vitae para llegar a ser mucho más poderoso. Un juicio, en ese momento, hubiera sido el freno para evitar que al menos 75 mil personas murieran y torturaran a muchos más”, afirma la investigadora del Centro de Justicia y Responsabilidad.
“Amnistía viene de amnesia impuesta. Una democracia no puede ser sin Estado de Derecho e impunidad.
Con todo respeto a la administración salvadoreña, creo que la democracia que no rompe la amnistía tendrá problemas en el futuro. Derogarla es una forma de defender no sólo a las víctimas, sino a los señalados porque bajo la ley tienen el derecho de defenderse, pero la amnistía no les da ese derecho”, concluye la experta.
