Para ganar la guerra se necesita una estrategia ofensiva. Es decir, atacar el cuartel general de crimen organizado, y el cuartel general del crimen organizado está en el interior de las instituciones financieras y sus representantes de cuello blanco.
*Carlos M. Lobato para ContraPunto
A mi juicio, la violencia delictiva que angustia a los salvadoreños y ha puesto en jaque a la nación, tiene tres causas de fondo: la primera es de carácter histórico-cultural determinada por los orígenes y naturaleza colonial del país; la segunda tiene su fuente en la historia reciente de guerra civil y posguerra; y la tercera, por todos aceptada, en el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Historia antigua y reciente convergen creando un fértil caldo de cultivo de violencia criminal que amenaza con sofocar la vida civilizada de la sociedad salvadoreña.
El Plan de Seguridad con el cual el gobierno piensa combatir el crimen organizado no contiene una estrategia capaz de restablecer el orden público y llenar el vacío político-institucional del Estado. Posee algunos aspectos positivos, pero es en su complejo, un programa defensivo que deja toda la iniciativa a los factores y sujetos de la violencia. Por supuesto, ante el caso delictivo concreto, tenemos que actuar con todos los medios civilizados y legales con los cuales nos es posible reaccionar. Sin embargo, reaccionar es siempre una respuesta (un “post factum”) a un delito que se antepone en el contexto social de un clima delictivo que lleva la iniciativa. En este sentido, el programa anti-violencia del gobierno va a la zaga de los hechos.
Se puede decir en su favor, que es al menos una propuesta. Insuficiente, pero una propuesta. Ya que no obstante la gravedad de los hechos, ideas sobre cómo hacerle frente al problema, públicamente se conocen pocas. Excepto las de siempre, “¡represión, represión y más represión!” , o las arrogantes e hipócritas afirmaciones de ANEP, que a través de su vocero Araujo Eserski, exigen del recién llegado gobierno, un cese sin demora de la violencia y que se imponga “immidiately” el orden público. Y por el mismo estilo, el vocero de la Cámara de Comercio, Daboub, que añade el descaro de justificar el pago de impuestos, con el hecho de que los planes del gobierno sean o no sean de su delicado gusto.
Se expresan como si ellos mismos no tuviesen grave responsabilidad en el desorden económico y social del país, habiendo durante decenios apoyado las políticas de corrupción e impunidad de ARENA, y en el mejor de los casos, manifestado indiferencia oportunista ante los efectos negativos que las políticas neo-liberales, hechas sólo para ventaja de la empresa privada, han tenido en la fase de la posguerra e inciden todavía en el devenir nacional. En veinte años ARENA ni siquiera fue capaz de ordenar el transporte público, o apoyando las alcaldías, o directamente, liberar el centro histórico de San Salvador. Ya no digamos problemas más complejos como generación de empleo, reactivación de una estructura productiva, suministro de agua potable, energía, sanidad, escolaridad y profesionalización.
En todo caso, de las tres causas que promueven activamente la violencia en el país, la que requiere una atención inmediata, es el factor crimen organizado-narcotráfico. A continuación mencionaré el concepto de las dos primeras causas, pero sólo posteriormente entraremos en el análisis respectivo. Inmediatamente me limito a trazar el perfil de lo que a mi modo de ver es la estrategia y táctica inmediata que el país necesita.
La causa histórico-cultural la determina el origen colonial del país. El proyecto colonial hispánico ha sido un proyecto de desigualdad social, fundando sobre férreas bases raciales. Dicho proyecto se habrá desteñido un poco, ocultado sus fines con falsos rituales como la independencia nacional, pero en esencia está más vivo que nunca porque ha mantenido su continuidad mediante las oligarquías de turno. Filosofía vuéltase sustancia y razón de ser de la neo-oligarquía financiera comercial que actualmente domina el país. La desigualdad de principio promueve la violencia, crea violencia, es en sí violencia. Contra ella necesitamos de un proyecto nacional de alcance generacional. Nos ocuparemos de delinear su problemática en un próximo artículo.
La situación de la posguerra está marcada por la irresponsabilidad del área del poder; la cual, en lugar de emprender una fase de reconstrucción e integración nacional, en particular buscarle una salida a los graves problemas socio-económicos dejados por más de un decenio de guerra, no tuvo otro empeño que darle rienda suelta a la propia codicia, auto-complaciéndose con la música ideológica del neoliberalismo. El FMLN tiene también alguna responsabilidad en el contexto de su papel de oposición; sin embargo, no se puede comparar con la adrede y sistemática política de saqueo y corrupción llevada a cabo por ARENA.
Pero bien, dejemos para más adelante a estos dos elementos históricos y veamos ahora con algún detalle, la cuestión del narcotráfico y crimen organizado.
En casi toda América Latina los carteles del narcotráfico se encuentran a la ofensiva. No existe una central internacional del narcotráfico que coordine sus políticas, pero han alcanzado un grado elevado de especialización, entre productores, transportadores, distribuidores, inversores, fuerzas paramilitares y hasta pueden las diferentes mafias enfrentarse entre ellas, con la misma ferocidad con la cual agreden a la sociedad civil y a la fuerza pública. Sin embargo, dado que persiguen los mismos objetivos, desde nuestro punto de vista (sociedad civil), se presentan como una fuerza unitaria.
El poderío del narcotráfico ha crecido a tal nivel, que en la fase actual, su objetivo es transformar su poder económico en poder político. Para lograrlo cuenta con dos tácticas, la primera es la corrupción. Infiltrar y corromper todo el área del poder, hasta lograr imponer sus propios representantes en los tres poderes del Estado, Medios de Comunicación, Producción y servicios, etc. La segunda táctica, partiendo del principio que el poder político nace de la punta del fusil, es atraer al ejercito y fuerzas paramilitares hacia un enfrentamiento general: su objetivo es demostrar que tiene suficiente potencia de fuego y capacidad de movilizar a gente armada como para poner en jaque al Estado. En caso que el Estado pierda el enfrentamiento, en el sentido que ya no sea capaz de mantener el orden público, se abre la posibilidad que el narcotráfico –como en México- busque la vía de la negociación para obtener el espacio político que necesita.
La ventaja estratégica del narcotráfico de cara al Estado, es su capacidad de “generar empleo”, en el contexto general de lo que se llama “economía sumergida”. Según los datos del PNUD, en El Salvador, entre desempleo 7%, subempleo 43% y empleo mal pagado 31% , que significa que no alcanzan a cubrir la canasta básica; en total el 81% de la población activa de El Salvador constituye un potencial ejército de reserva de los servicios –en diferentes niveles- del narcotráfico. Siempre según el PNUD, la tasa de subempleo entre la población de 15 a 24 años de edad, es del 50%. En cifras concretas los jóvenes entre los 15 y los 24 años conforman un millón ochenta y siete mil ciento siete almas (1’087’107), es decir, que más de medio millón de jóvenes en plena fuerza vital , más otros tantos cientos de miles en desempleo y empleos mal pagados, constituyen recursos potenciales del narcotráfico.
Excluyendo los 2,5 millones que vivimos en el extranjero, la población de El Salvador residente en el país, alcanza un total de 5,744,113. De este total, la población entre los diez y los 34 años, el estamento, no el único, que podemos considerar el más activo a la búsqueda de ganarse la vida está conformado por 2’ 653 593 de seres humanos, el 42 % de la población salvadoreña de entre ellos el 70 %, 1’857’515, vive en condiciones precarias. En El Salvador, a los diez años, un hijo del pueblo tiene que comenzar a “rebuscarse” sobre cómo sobrevivir o contribuir a la supervivencia de la familia, en su mayoría sin educación y tanto menos contando con una formación profesional.
Mario, un joven de unos 18 años, trabajando en una imprenta, con un pequeño sueldo, me cuenta que se lo lleva entero a su familia, compuesto de madre y cuatro hermanos en edades entre los 16 y 5 años. Pero él mismo, las más de las veces, trabajando nueve o diez horas diarias, a mediodía no puede comprarse algo para comer. He visto a un “cipote” de unos10 años, sentado en el borde un andén, comenzada la tarde, con la cabeza entre las manos, a un lado en el suelo, una pequeña canasta con dos limones, ni tan frescos, y una cebolla que ha tratado inútilmente de vender.
¿Qué puede impedir que jóvenes, o niños como estos, no caigan en pasto del narcotráfico, unirse a las maras y consumir o despachar droga ganándose buenos dólares? Lo único que podría impedirlo sería la existencia de oportunidades que les permitieran lograr una vida decente. Ahora bien, según los datos del PNUD, el índice del nivel de los salvadoreños en lo que respecta condiciones de vida en subempleo semejan al Gabón (Africa) país en el 119 lugar en la clasificación mundial y el de desempleo al de Botswana, país 124 en la clasificación mundial. No es un buen punto de partida, como tampoco las condiciones generales de movilidad social, fundamentalmente educación y profesionalización ofrecen una perspectiva real de superación. Para más de un millón de jóvenes, sólo hay dos perspectivas concretas: narcotráfico o emigración. La cuestión no es que hayan miles de jóvenes reclutados como mano de obra del narcotráfico o de maras dedicadas a actividades ilícitas. Lo que sorprende es que no sean cientos de miles.
Los Eserkis, Daboubs y otros semejantes en ANEP, CAMARA DE COMERCIO, ARENA y aliados del mismo tipo, esto lo saben muy bien. Medidos con la vara de cómo han dejado al país, se deduce que no tienen ideas, capacidad, conocimiento o interés en cómo enfrentar y resolver este problema. De hecho, en veinte años de monopolio de poder con su partido ARENA, han sólo empeorado la situación del país. Lo único que se les ocurre contra el crimen organizado es una “política de mano dura”. No se les pasa por la cabeza que los jóvenes y pueblo en general, cuando ya “no tienen nada que perder”, y por encima viven de la violencia, una violencia extremamente lucrativa, la sola violencia del Estado no puede disuadirlos de nada. Todo lo contrario, la convierten en un factor que juega a su propia ventaja. El ex presidente Flores, que se encuentra con una tasa de 6 homicidios diarios, y da el vía a la “brillante” idea de una política de mano dura, no hace más que subir dicha tasa a un promedio de 8 asesinatos diarios cuando deja la presidencia; y Saca, que tampoco superó el petulante micro-alcance intelectual de Flores, siguiendo la misma política, hacen que la tasa llegue a los 13 homicidios de hoy día. Las políticas de mano dura no dan resultado, sirven solamente para intentar hacerle creer a la sociedad civil que la derecha está haciendo algo contra el crimen, mientras continúan con las políticas de corrupción y saqueo de los recursos nacionales.
Las derechas en todo el mundo se asemejan. En Nueva York, Giuliani y su política de “cero tolerancia”, que en su tiempo fue aclamada por la derecha norteamericana, como el “non plus ultra” factor político anti-crimen; ahora se descubre que fue toda una payasada jugada en el contexto de relaciones públicas. Se falsificaron las estadísticas de disminución del crimen e incremento de la seguridad ciudadana. Por esta razón, deben comparecer ahora, ante los tribunales, el jefe de la policía y otros funcionarios de la época de Giuliani.
En el mejor de los casos, las políticas de mano dura son solamente un teatro montado con el fin de realizar mucha propaganda y obtener ventajas políticas.
Ahora bien, evitemos malos entendidos, las políticas defensivas serias, aplicadas para contener el avance del delito, son necesarias. Solamente que por sí solas no constituyen una estrategia para ganar la guerra contra el crimen organizado: representan solamente una táctica de contención. Para ganar la guerra contra el crimen organizado, se necesita una estrategia ofensiva, la cual no consiste en apalear gente, capturar a miles de marosos para luego no poder juzgarlos, etc. Capturar mano de obra del crimen organizado, marosos, cabecillas o capos, capos de capos, es necesario; mas no resuelven el problema, pues por cada uno de ellos que cae en manos de la ley, juzgado y condenado, hay otros tantos más que están listos para ocupar su lugar. Por supuesto es necesario hacerlo, pero no nos hacen avanzar mucho en una batalla que tiene que ser ganada por El Estado y la sociedad civil.
El actual gobierno Funes ha presentado un plan contra el crimen organizado. Sin embargo, no supera el carácter defensivo de los planes anteriores, y en este sentido, tampoco no supera de mucho los miopes planes de Flores y Saca. Tan es así que el ex viceministro de Defensa de Saca, Marco Palacios, en un artículo publicado por el Faro (14.02.2010) se mofa de que el “el plan no revela nada nuevo”.
Sin embargo, supongamos que el gobierno Funes implemente una coherente línea defensiva contra el crimen, que vaya desde las reformas al Código Penal, principalmente al procesal penal, reformas al sistema judicial, desarme general, creación de cuerpos especializados de policía bien pagados, reformas del sistema penitenciario, un departamento de investigaciones anti-corrupción, mejore el control sobre costas y fronteras, implemente un programa para la protección de testigos y sus familiares, etc. Todo ello, sería bueno, mas no sería suficiente para ganar la guerra contra el crimen organizado.
Para ganar la guerra se necesita una estrategia ofensiva. Es decir, atacar el cuartel general de crimen organizado, y el cuartel general del crimen organizado está en el interior de las instituciones financieras y sus representantes de cuello blanco. Maras y pandillas son la mano de obra del crimen organizado, no su cuartel general. Todo el negocio del narcotráfico converge en dinero, en “cash”. Y si como no es probable que lo guarden en el colchón, necesariamente tiene que ser canalizado a través de las instituciones financieras, lo que se conoce como “lavado”. Lo que significa que una estrategia vencedora contra el crimen organizado, tiene en primer lugar que hacerse de los instrumentos legales que le permitan poner en práctica un control minucioso de las operaciones bancarias y financieras en el país, y poder seguirle la pista a los movimientos de capitales. Cae por su propio peso que tiene que ser una política coordinada internacionalmente, en primer lugar con los países centroamericanos, México, los Estados Unidos y Europa.
Todos los presidentes de ARENA han implementado políticas que han favorecido planes y objetivos del crimen organizado. Desde Cristiani con la privatización de los bancos, dejados a la libre, sin frenos legales que pudiesen obstaculizar el lavado, hasta la “curiosa” idea de Flores de dolarizar el país, han sido maná para los carteles de la droga. Pero de entre todos ellos, el que más se ha identificado con los deseos de los carteles, ha sido Flores con la dolarización, y nos preguntamos hasta que punto, por codicia de clase o por consciente complicidad. Cocaína y Heroína = dólar. De manera que para atacar el cuartel general del narcotráfico, no se necesita el Ejercito Nacional, sino un batallón de técnicos contables, auditores, técnicos financieros y bancarios que puedan echar luz sobre las operaciones financieras de los últimos 20 años.
El centro de operaciones, el liderazgo de la estrategia ofensiva, no la debe llevar el Ministerio de Defensa, como pretende el Valmte Palacios Luna, tratando de mantener activo el coqueteo entre derecha y Fuerzas Armadas, relanzar la maniobra diversiva “mano dura” y apartar los ojos del crimen financiero. La estrategia ofensiva debe ser llevada en forma coordinada por las instituciones del Estado con competencia fiscal, financiera y bancaria. Por un lado controlar los movimientos de capitales y al mismo tiempo ver si los bancos, y sus clientes, han efectivamente declarado los impuestos debidos, y por el otro, a nivel general, controlar el enriquecimiento ilícito. Los carteles mexicanos, colombianos, peruanos, venezolanos, etc. utilizan el sistema bancario para el lavado e inversiones que justifiquen la existencia de “beneficios”. En este sentido, lo importante es auditar el movimiento de capitales: procedencia y destino.
Para deshacer la local red actual del transporte, es necesario que los residentes en el país, o las sociedades, justifiquen los patrimonios, su procedencia, enriquecimiento vertiginoso de los últimos años, la acumulación de bienes y raíces, las inversiones en proyectos costeros y fronterizos, etc.
Se considera que El Salvador es un puente para transporte de la droga. Según el “International Narcotics control Stretegic Report” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se estima que en el 2009 pasaron por el país, sin contar la heroína, 400 toneladas de cocaína. Este, más el lavado es el verdadero negocio. Utilizar a las maras para el comercio local, desatar un clima de violencia, elevar la tasa de homicidios a niveles de récord mundial, obedece a la estrategia de debilitar el Estado, transformar su (de los narcos) poderío económico en poderío político, al mismo tiempo que es maniobra para desviar la atención del crimen financiero. Esto último verdadero objetivo y razón de ser del narcotráfico
Hasta la fecha, la ofensiva efectiva contra las mafias y carteles se ha llevado a cabo investigando finanzas, economía y declaraciones de impuestos. Por ejemplo, los golpes más duros contra la mafia italiana le fueron dados por el juez instructor Falconi siguiéndole la pista a las finanzas, economía y patrimonios, hasta que la mafia, arrinconada, lo asesinó en un atentado y luego mandó a Berlusconi, el actual “Presidente del Consiglio” a ser jefe del gobierno italiano. En un sistema partidocrático, no es difícil para las diferentes mafias controlan regiones enteras de votantes. Gerentes y abogados de las Sociedades de Berlusconi han sido llevados ante los tribunales por corrupción o complicidad con la mafia. Berlusconi se salva mediante una serie de leyes hechas a su medida para protegerse bajo la coraza de la inmunidad parlamentaria.
Es claro que realizar una ofensiva contra el crimen financiero y el transporte que alimenta los patrimonios locales, necesita un instrumental jurídico, reformas en el sistema judicial, recursos humanos entrenados y una Asamblea Legislativa dispuesta a proveer el sistema normativo (derecho positivo) que se necesita. Lo cual nos lanza una sombra de pesimismo, pues hasta la fecha, la derecha no se ha mostrado muy interesada en apoyar las reformas necesarias, y el ala progresista de la misma, no cuenta con suficiente fuerza para lograrlo.
¿De dónde, cómo y por dónde, nacen o se encumbran en los últimos decenios, algunas de las riquezas privadas de El Salvador? Es ahí donde se encuentra el verdadero frente de la guerra contra el narcotráfico. ¿Pueden justificarse esas riquezas, o hay enriquecimiento ilícito, y en caso de que puedan justificar los beneficios, hay consonancia con los impuestos pagados o debidos?
Si el Estado de El Salvador está en condiciones de atacar el cuartel general del crimen organizado, sus finanzas y la corrupción que de ella se desprende, entonces tiene posibilidad de victoria. En caso contrario, si le falta capacidad, voluntad y medios, al menos tengan la decencia de no venirnos con el cuento que la “mano dura” va a resolver el problema. Lograrán solamente ofender la inteligencia de los salvadoreños honestos y serán responsables de abandonar el país a que se ahogue en el pantano de la corrupción y la violencia.
