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1 abr 2010

BOLIVIA: MORALES PROMULGA “LEY GUILLOTINA” CONTRA CORRUPTOS. ¿LECCION PARA EL SALVADOR?

El presidente Evo Morales promulgó este miércoles la ley anticorrupción y de investigación de fortunas con un pedido a la comunidad internacional para que no proteja a los corruptos bolivianos que en las últimas semanas habrían huido rumbo a otros países.

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*por Mery Vaca para BBC Mundo

En medio de críticas de los opositores por la presunta persecución política, el presidente del Congreso, Álvaro García Linera, dijo que la norma que acaba de entrar en vigencia es "una ley guillotina que conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un solo centavo del estado".

El también vicepresidente calificó además esta norma como "ley patriótica porque defiende la base material de la patria".

Por su parte, Morales, durante su discurso calificó esta jornada como "un día histórico" porque se aprueba una ley que permitirá juzgar a quienes se enriquecieron con los bienes del estado.

Aseguró que la corrupción le quita a Bolivia entre US$200 y 300 millones cada año.

Huyen de Bolivia

El mandatario agregó que "desesperadamente algunas familias, ex ministros, ex autoridades van transfiriendo sus bienes a otras personas, hay algunas familias que están escapando de Bolivia".

Por ese motivo, hizo el siguiente pedido: "Países vecinos, presidentes, gobiernos, organismos internacionales, no pueden proteger ni defender a ningún corrupto".

Sin embargo, los opositores han calificado la ley anticorrupción como "draconiana" porque, según ellos, no respeta las garantías constitucionales de las personas, viola tratados internacionales y sólo busca la persecución política de quienes piensan diferente al presidente Morales.

Por eso, el senador opositor Germán Antelo considera que esta ley obedece a la estrategia oficialista de destruir al enemigo.

"Cuando alguien asume la hegemonía del país intenta destruir a quien conceptúa su enemigo", dice Antelo, quien asegura que la oposición no ha sido tomada en cuenta en sus pedidos de que se respete el debido proceso para las personas.

En ese marco, el presidente del Comité Pro Santa Cruz (organismo civil), Luis Núñez, se declaró este miércoles en huelga de hambre en defensa de los derechos humanos y en contra de la persecución política.

¿Qué dice la ley?

Los puntos observados por los opositores pueden resumirse en al menos tres.

Uno de ellos tiene que ver con que la ley permite el juzgamiento en rebeldía, es decir, en ausencia del procesado.

El segundo es la retroactividad, lo que quiere decir que se juzgarán hechos pasados que en el momento de suceder no eran considerados delitos, lo que podría tocar a los gobiernos previos al de Morales.

Y, en tercer lugar, los opositores observan la confiscación de bienes cuando el juzgador lo decida.

La ley anticorrupción establece la conformación de un consejo nacional de lucha contra la corrupción, integrado por ministerios y otras instituciones públicas que, según la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, "no tiene atribuciones de investigación juzgamiento o persecución penal".

Según la ministra, con esta ley Bolivia cumple el 95% de las exigencias de las convenciones internacionales en materia anticorrupción porque crea ocho nuevos tipos penales para juzgar a los funcionarios públicos y permite el levantamiento del secreto bancario para casos de apropiación de los bienes del estado.

Otra de las particularidades de la ley es que los presidentes y gobernadores no tendrán juicio de privilegio o juicio de responsabilidades en caso de que sean investigados por corrupción. Esto quiere decir que serán sometidos a la justicia ordinaria.

Nuevo Organismo

La ley anticorrupción establece la conformación de un consejo nacional de lucha contra la corrupción, integrado por ministerios y otras instituciones públicas que, según la ministra de Transparencia, NardiSuxo, "no tiene atribuciones de investigación juzgamiento o persecución penal".

INVESTIGACION DE LA CORRUPCION “AVANZA” A PASO LENTO EN EL SALVADOR

La Fiscalía aún no da informe sobre los avances en los casos que se han presentado para investigación y la creación de una ley de transparencia sigue a la espera.

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*por Lorena Baires para La Pagina

A nueve meses del cambio de gobierno, la nueva administración aún no ha da resultados claros de las investigaciones sobre las denuncias de corrupción al interior de varios ministerios y entidades autónomas.

Ya existen varias quejas de corrupción en la administración anterior que en encuentran en manos de la Fiscalía General de la República (FGR): las plazas fantasmas en el Centro Nacional de Registros (CNR), la venta de “tiempos” para lograr pensiones, la emisión de solvencias falsas en el ministerio de Hacienda, entre otras.

Pero de ellas, aún no hay resultados, ni se conocen avances. Pero el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, considera un avance la creación de un pequeño portal dentro del sitio web del ministerio de Hacienda (MH) donde sólo pueden verse estadísticas que se refieren sobre todo a la administración del ex presidente, Elías Antonio Saca.

Los usuarios podrán encontrar diversos documentos como: Estadísticas Básicas de las Finanzas Públicas al 2009, Estadísticas Tributarias Básicas, Análisis de los Ingresos Corrientes del Gobierno Central 2008-2009 y la Ejecución Presupuestaria 2008-2009.

“El portal de transparencia aquí en el ministerio, antes de que se lleve a cabo el cambio del portal, ustedes ven una cantidad de información estadística que hay… gastos, inclusive queremos publicar  todos aquellos beneficiarios de subsidios y que se les da aportes de fondos públicos, así es que estamos trabajando en eso”, defiende Cáceres.

Se suman también la creación del Observatorio de la Obra Pública dentro del ministerio de Obras Públicas (MOP y la Oficina de Información y Respuesta (OIR) en el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL).

Mientras tanto, camina a paso lento la creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, porque el gobierno organizó una serie de consultas con diferentes sectores para enriquecer el tema, que debieron iniciar hace dos semanas, pero de eso no hay nada tampoco.

El mismo Presidente de la República, Mauricio Funes, se contradice en el tema. El pasado 16 de marzo, en Sesori, dijo que “no le interesa perseguir a  los corruptos”; pero cuando era candidato aseguró que no le iba a temblar la mano para combatirlos. Aunque quizá se refiera a los funcionarios que él contrató.

Para colmo, las vacaciones de Semana Santa detienen el trabajo en el aparato de gobierno. Se espera que la próxima semana, el sub secretario de Transparencia pueda explicar de qué forma se recalendarizarán las sesiones de consulta de la ley y no retrasar más el único instrumento que obligaría al Gobierno a rendir cuentas a los ciudadanos.

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