Cualquier caso considerado como crimen de lesa humanidad puede ser procesado en El Salvador porque no es prescriptible ni amnistiable, según la propia sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
*por Juan José Dalton para ContraPunto
“Como Estado Salvadoreño hemos reconocido la verdad sobre el caso de Monseñor Romero, que está contenida en el Informe de la Comisión Interamericana y que es coincidente con el Informe de la Comisión de la Verdad”, dijo enfático a ContraPunto el director general de Derechos Humanos de la cancillería, David Morales.
Según esa Comisión de la Verdad, el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero Galdámez, fue asesinado por un Escuadrón de la Muerte, de ultraderecha, bajo el mando de Roberto D´Aubuisson (ya fallecido). Entonces, la llamada guerra sucia era parte de seguridad del Estado.
A diferencia de los anteriores gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que siempre tomaba una actitud defensiva frente a los reclamos, recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, la actual administración encabezada por Mauricio Funes, ha sido tácita en aseverar que se ha reconocido la autoridad del sistema interamericanos de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, así como de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (ONU).
Morales, un experto y defensor de la causa de Romero y de los Derechos Humanos desde distintos organismos de la sociedad civil y ahora como funcionario oficial, aclara que el gobierno está cumpliendo con el mandato vinculante emanado para el caso Romero, de parte de los organismos internacionales. No obstante, el Ministerio Público ni el sistema de justicia hacen lo propio, como tampoco el órgano legislativo en los cambios de leyes.
David Morales explica en esta entrevista otro tema importante que no ha sido muy tomado en cuenta para tener acceso a la justicia, quizás por desconocimiento en algunos casos, cuando no por displicencia del sistema judicial y es la inaplicabilidad de la Amnistía de 1993 para el caso de graves actos contra los derechos humanos durante el conflicto armado; ello debido a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2000.
Es decir, cualquier caso considerado como crimen de lesa humanidad puede ser procesado en El Salvador porque no es prescriptible ni amnistiable, según la propia sentencia del máximo tribunal.
¿Nos puede clarificar cuál es la posición de El Salvador frente al caso de Monseñor Romero ante la justicia interamericana?
“La posición que hemos adoptado como Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es el reconocimiento de la autoridad de dicha entidad, de su informe y de sus recomendaciones. Estamos en un punto de avanzada respecto a muchos otros países americanos en lo referido al reconocimiento de la autoridad de la comisión y del carácter vinculante de sus recomendaciones”.
¿Qué significa eso?
“Significa que hemos reconocido la verdad sobre el caso de Monseñor Romero, que está contenido en el informe de la CIDH y que es coincidente con el Informe de la Comisión de la Verdad (1993). Hemos reconocido también con la obligación de llevar adelante y de cumplir con las recomendaciones”.
¿Qué implica eso?
“Implica a todas las instituciones y órganos del Estado, de acuerdo a nuestro sistema de competencias. De acuerdo a ello, el gobierno tiene potestades para avanzar en materia de reparaciones para las víctimas: simbólicas, morales y materiales. Hemos incluido a las víctimas y a la sociedad civil en el proceso de diálogo, no sólo en el caso Romero, sino en los restantes y hay avances concretos en materia de reparaciones”.
¿Por ejemplo…?
“Hay un proyecto de corto plazo de crear una comisión asesora para gestar por primera vez en la historia de El Salvador, desde el ejecutivo, un plan de reparaciones a víctimas del conflicto armado. En el próximo mes de abril esto debería concretarse. Tenemos avances significativos”.
¿Qué pasa con los demás órganos del Estado?
“Hay algunos compromisos pendientes que atañen al sistema de justicia, particularmente a tribunales de justicia que han conocido casos concretos y a la institución del señor Fiscal General de la República. Estamos recibiendo señalamientos de que necesitamos avanzar en materia de investigación de muchas de las violaciones a derechos humanos, que hemos reconocido como Ejecutivo que se produjeron y de las cuales tenemos que dar pleno reconocimiento de los recomendaciones y de sentencias”.
¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos?
“Es un tema de agenda del Fiscal y de los Tribunales que debe ventilarse en El Salvador”.
¿Cuál es la causa de que algunos casos se han ventilado en los tribunales salvadoreños y otros no?
“Lo que ha ocurrido en El Salvador es un fenómeno de impunidad histórica, reiterada. El sistema de justicia no actuó oficiosamente en los casos. Una situación es el impedimento material, ya que si se quisieran investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil sería imposible investigarlas todas. Fueron decenas de miles. Ahorita quedan sin investigación muchas de las situaciones actuales, imagínense cómo será con las que ocurrieron hace 30, 20 años…”
¿Ni hubo voluntad?
“Exacto, tampoco hubo voluntad… Por tanto, las investigaciones y los procesos que se abrieron aquí fueron por iniciativa de las víctimas y de organizaciones de los derechos humanos que las representaban. Entonces, donde hay casos es porque las víctimas trataron de impulsar esos casos. Los casos que avanzaron fueron: La Masacre de El Mozote, jesuitas, algunos casos de desaparecidos… Pero aún en estos casos tenemos ausencia de investigaciones, de impulso de las instituciones de justicia, por lo tanto, seguiremos siendo señalados como incumplidores a nivel internacional en materia de derechos humanos”.
Pero estas instituciones de justicia alegan y se escudan en la Amnistía…
“Bueno, lo que tenemos es un esfuerzo de organizaciones civiles y de familiares de víctimas por presentar alegatos que indican que la Ley de Amnistía ya no surte efectos jurídicos para las violaciones de los derechos humanos, porque esto ya fue declarado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el año 2000. Es decir, la Sala dice que si se aplica la amnistía para casos de violaciones graves de derechos humanos, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad”.
¿Quiénes deciden eso?
“Esto lo deben decidir los operadores directos, los aplicadores de justicia. Este argumento jurídico no ha sido argumentado en contra ni ha perdido validez en las sedes judiciales. Lo que ha ocurrido internamente es que hay números denuncias en las que se sostiene la tesis de la inaplicabilidad de la amnistía y que no surte efecto. Pero en ocasiones no surte efecto para algunas autoridades judiciales. En el caso de la masacre de El Mozote, se llevan tres años desde la petición y el juez de la causa no se ha pronunciado. Hay otras varias denuncias que se interpusieron ante las anteriores dos fiscales que tampoco han sido tramitadas ni han recibido respuestas. Entonces, en realidad, las instituciones de justicia no han tomado una posición contundente sobre la aplicabilidad o no de la Amnistía. Es necesario que se abra el debate nacional sobre este tema”.
¿Cuál es el sentido e importancia real para la sociedad el pedido de perdón que hará el presidente Funes en el caso Romero?
“Los actos de esta naturaleza son actos de desagravio estatal que revisten una enorme importancia simbólica, porque este crimen se perpetró por agentes del Estado o de grupos ilegales armados que actuaban bajo la tolerancia o bajo el apoyo del Estado. Hay una responsabilidad del Estado por estos crímenes. Romero fue víctima de un Escuadrón de la Muerte; su martirio fue el símbolo de la victimización de miles de personas que murieron a manos de este tipo de estructuras. El presidente Funes pidió un perdón general que reunió rigurosamente los estándares nacionales para este tipo de actos. Las organizaciones romeristas solicitaron al gobierno que hubiera un perdón específico por el caso de Mons. Romero, por su simbolismo”.
El Estado reconoce su responsabilidad…
“Así es. Pero no sólo eso, sino que dignifica a Monseñor Romero y a la sociedad victimizada. Reivindica a Monseñor como un ejemplo a seguir. Las consecuencias de estas medidas pretenden garantizar que hechos similares no se repitan en el futuro. El Estado asume también un compromiso de prevenir. Además se va a elaborar un video, se va a construir una plaza estatal, incluso, trabajo en materia educativa en las escuelas y trabajo en derechos humanos hacia los miembros del ejército y la policía, como medida para evitar en el futuro de hechos semejantes”.
