El 16 de enero anterior cuando se conmemoraba el 18 aniversario de los Acuerdos de Paz, Edgardo M. de 16 años, junto a Joel Ángel Menjívar, de 34 años, lanzó una granada al punto de buses de la ruta 12 en la avenida Cuscatlán. Como resultado 25 personas resultaron lesionados y el empresario David Salomón Cruz, de 68 años falleció.
El 2 de febrero las estudiantes Guadalupe Abigail López Sarmiento y Estrella del Carmen Márquez Ortega, ambas de 16 años, aparecieron asesinadas y desmembradas dentro de bolsas plásticas en Apopa. Días después la PNC capturó cuatro sospechosos, entre ellos tres menores de edad a quienes un juez de Menores dejó en libertad por falta de pruebas.
Según las estadísticas nacionales en al menos un 8 por ciento de los delitos participan menores de edad. Muchos de los delitos que se atribuyen a menores son excepcionalmente graves.
El 11 de febrero con 76 votos a favor la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley Penal Juvenil a efecto de incrementar a 15 años la pena máxima para los menores entre 16 y 18 años que cometan homicidios, extorsiones, fuga de centros preventivos, acciones de peligro para el interés colectivo y hechos de conmoción social y daños a víctimas y testigos.
Sin embargo el miércoles pasado el presidente Mauricio Funes vetó la reforma por considerarlo inconstitucional y porque viola la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores y las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, suscritos por El Salvador.
La decisión de Funes se fundamenta en recomendaciones de jueces y magistrados de menores y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los argumentos de éstos fueron retomados en un informe elaborado por la Comisión Gubernamental integrada al efecto por el viceministro de Seguridad y Justicia, Henry Campos, la presidenta del Consejo Nacional Seguridad Pública, Aída Santos de Escobar, y el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez.
Actualmente diputados de ARENA, FMLN y el PCN han manifestado su disposición a superar el veto presidencial, ya que solo se necesitan 56 votos; es decir 20 menos de los obtenidos para aprobar la reforma.
¿Y nosotros qué?
Salvador, cuyo pariente resultó lesionado por la granada lanzada en el punto de la ruta 12, considera que la decisión de Funes está equivocada porque consultó a jueces y magistrados de menores, pero no a la población civil.
“Nos hubieran preguntado a los familiares de las víctimas, a las mismas víctimas, a quienes vivimos en colonias de Soyapango, San Marcos y otros municipios invadidos por las maras y los menores delincuentes”, dice Salvador.
“A mi pariente una esquirla de granada le desfiguró el rostro, a otro amigo lo dejó cojo para siempre, pero a ellos no les preguntaron sin estaban de acuerdo”, agregó.
Luis, un residente en la colonia 10 de Octubre de San Marcos, donde los pandilleros extorsionan a los comerciantes y asaltan a los visitantes, señaló que es fácil oponerse a la reforma cuando se está en un escritorio cuidado por guardaespaldas. “Yo invito a Henry Campos, a Jaime Martínez, a Aída Santos y al presidente Funes a que vengan a mi colonia y platiquen con la gente. Eso si, si vienen que vengan con seguridad, porque de lo contrario los asaltan o hasta los matan”, dijo.
Según Luis en la 10 de Octubre mucho de los extorsionistas y asaltantes son menores de edad.
En Apopa, Ana, una vendedora de verduras que conoció el caso de las estudiantes desmembradas, recordó que la liberación de los menores supuestamente asesinos causó un descontento y un sentimiento de impotencia. “No sabía que el presidente se había opuesto a incrementar las penas, pero si lo ha hecho está en contra del pueblo”, expresó la mujer.
“Nosotros solo servimos para votar, después no nos toman en cuenta”, dijo por su parte Rafael, un vecino de la colonia Guayacán de Soyapango, quien se quejó de que la decisión del presidente solo favorece a los menores delincuentes y no la población. “Que Funes venga acá el solo y que nos pregunte a nosotros, no a los jueces y magistrados a quienes les tiembla la mano para condenar a los delincuentes”, añadió.
Respecto a que la reforma violaba la convención de los derechos del niño, Rafael cree que en estos momentos El Salvador no puede ponerse exquisito. “Los delincuentes matan niños, mujeres embarazadas, adolescentes. Violan, roban y cometen todo tipo de barbaridad, ellos no respetan los derechos de nadie”, agregó.
Para Rafael la decisión de Funes fue equivocada desde el momento en que desginó a Jaime Martìnez y Aída Santos para que elaboraran el informe, pues ellos siempre se mostraron a favor de los menores delincuentes.
Además ¿Por qué no consultaron a la gente?, hubieran venido a la casa comunal de la colonia y nos hubieran preguntado si estábamos de acuerdo, de seguro hasta hubieran salido propuestas de imponer la pena de muerte, abundó.
Zoila, residente en la colonia Zacamil, recuerda como a finales del año pasado dos menores de edad se metieron a su casa y le robaron sus pertenencias. Uno de los menores hasta llegó al día siguente a amenazarla con matarla a ella y a sus hijos adolescentes si los denunciaba.
“Si me hubieran preguntado yo hubiera dicho que en vez de 15 años mejor la cadena perpetua, aquí no estamos en Suiza para tener leyes benevolentes” señaló la mujer, cuya hermano fue baleado en 2008 por un menor que le robó su celular. Como consecuencia del disparo el hermano perdió la movilidad en el brazo derecho.
Para Antonio, residente en el barrio San Jacinto de San Salvador, el sistema judicial está viciado, por lo que es normal que jueces y magistrados no estén de acuerdo con este tipo de reformas. “Los jueces buscan el mínimo error para dejar libre a los delincuentes o a veces se dejan ‘untar la mano’ (sobornar) para dejar libre a delincuentes. Yo creo que Funes se equivocó, con este tipo de decisiones está logrando que quienes votamos por él estemos arrepentido. Funes nos ha decepcionado con ese veto”, dijo.
Antonio confía en que los diputados mantendrán su palabra y que sobrepasarán el veto del presidente, “aunque de seguro después habrá quien presente un recurso de inconstitucionalidad”, señaló con un tono de ironía.
A Antonio, en marzo de 2007, un delincuente menor de edad, lo extorsionaba con $20 semanales y aunque lo denunció, nunca lo detuvieron, hasta que el referido pandillero fue asesinado por mareros rivales. “No me alegré que lo mataran pero sentí un gran alivio, eso mismo sentiríamos si meten a la cárcel por 15 años a todos esos menores delincuentes”.
Silvia, quien vive en la colonia Santa Marta de San Salvador cree que Funes debió aprobar el decreto y proponer mecanismos de reinserción social, asì como planes de prevención. “Tal como él vetó la reforma parece que está del lado de los delincuentes y en contra de nosotros!”. “La verdad es que estoy decepcionada”, expresa mientras muestra su vientre, donde aún no sana la herida que le causó la granada lanzada en el punto de buses de la ruta 12, el pasado 16 de enero… Cuando Funes pedía perdón por el conflicto armado y se comprometía a ser duro con la delincuencia.
*por Redacción de La Página (http://tinyurl.com/y8ab8dq)
