El grupo de organizaciones que impulsa una ley de acceso a la información armó una conferencia de prensa para hacer público su temor de que el presidente Funes quiera dilatar la existencia de esta normativa, después de que pidiera dos meses para consultas y tras declarar que no piensa perseguir a los corruptos.
por Sergio Arauz para El Faro
El grupo de organizaciones que impulsó la Ley de Transparencia que ha trabajado la Comisión de Legislación desde hace más de seis meses, manifestó este jueves su duda sobre el interés del gobierno en que haya una normativa de este tipo, después de que la Presidencia de la República pidiera a los diputados dos meses de espera sin fijar posición.
La Comisión de Legislación avanzó en el estudio de dos propuestas, una elaborada conjuntamente por Fusades y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), y otra elaborada por el FMLN. Los legisladores hicieron una serie de consultas y participaron en foros públicos hasta lograr que de las dos propuestas surgiera una sola, con apoyo de los dos partidos con mayor número de escaños, Arena y FMLN.
Sin embargo, hace dos semanas recibieron la visita del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Franzi Hato Hasbún, y del subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez. Estos pidieron en nombre de la Presidencia de la República, dos meses para hacer consultas nacionales. Esto es lo que el Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (GP) ve como una mala señal y le hace temer que sea una táctica dilatoria del Ejecutivo.
“Sí, hay desconfianza... cada día que pasa y no se aprueba la ley es un día más en que nuestros políticos están en deuda con todos los ciudadanos salvadoreños y con todos los sectores, puesto que no nos dan muestran concretas que le permitan al país dar pasos hacia la consolidación de nuestra joven democracia", dijo Claudia Umaña, representante de Fusades, que forma parte del GP.
Junto a ella estaban en una rueda de prensa otros representantes del GP: Rafael Domínguez, presidente de la APES (Asociación de Periodistas de El Salvador); José Luis Benítez, de la Universidad Centroamericana (UCA); Raúl Torres, de Funde (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo, a la que está adscrita el capítulo El Salvador de Transparencia Internacional); Raúl Melara, director ejecutivo de la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada); René Fortín Magaña, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente del IIDC, y Francia Brevé, de la Fundación Lidera.
La desconfianza, que muchos de los miembros llamaron preocupación, se incrementó con las últimas declaraciones que diera este martes el presidente, Mauricio Funes: “Desde un principio comenzamos a investigar administraciones anteriores, identificamos prácticas corruptas... pero yo no hago publicidad de eso, ni me interesa perseguir a los corruptos”, dijo en sus declaraciones a los periodistas.
En el GP hay matices. Algunos aseguran que detrás de la consulta anunciada hay un interés por retrasar y frenar el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). Otros piensan que, aparte de frenarla, hay una intención de hacerla más débil. “Nos preocupa que del Ejecutivo salgan palabras para atrasar una ley que ha sido consensuada. Se quiere abrir otro proceso”, dijo Umaña. "El presidente manda señales equivodadas cuando dice que no va a investigar corrupción", agregó.
La legislación penal salvadoreña considera delito la decisión de una persona que, enterada de la comisión de un delito, no lo informe a las autoridades correspondientes.
Raúl Torres, de Transparencia Internacional, agregó que puede existir una estrategia de dilación detrás del anuncio presidencial de iniciar un proceso de consulta que no tiene fechas.
La LTAIP aspira a que la información en poder del Estado sea accesible a las personas sin que estas tengan que probar legitimidad para pedirla, y con el principio de que todo es público, salvo las excepciones. Estas excepciones serían básicamente de dos tipos: uno, aquella información que se clasificaría como secreta, por su relevancia en materias como seguridad nacional o lucha contra la delincuencia; y dos, la que se refiere a datos personales y que tendría el carácter de reservada.
Cuando fue candidato presidencial, Funes grabó un spot de campaña en el que aseguraba que los corruptos de entonces temían que él ganara la presidencia porque sabían que con un eventual gobierno suyo ya no solo los ladrones de gallinas iban a ir a la cárcel. En su mensaje de toma de posesión, además, Funes dijo que la transparencia iba a ser algo sagrado en su gobierno. Hasta ahora, la administración ha sido ejemplo en varias ocasiones de ocultamiento de información sobre las actuaciones del Ejecutivo. Por ejemplo, se ha negado a revelar cuánto está gastando en propaganda. Tampoco quiso informar sobre las condiciones en que la Presidencia de la República contrató a la agencia publicitaria de las personas que manejaron la campaña electoral.
El último presidente de Arena se caracterizó por su filosofía de que la mejor ley de acceso a la información es la que no existe y ante repetidos pedidos de información sobre gasto publicitario y sobre claros indicios de corrupción en algunas oficinas de la presidencia, se rehusó a transparentar su actuación. Hasta su partido le repudió su actitud antes de expulsarlo a finales de 2009, tras descubrirse que gastó 219 millones de dólares más que los autorizados por la Asamblea.
