Por Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia
Iniciativa Social para la Democracia, ISD, acompaña procesos de transparencia pública desde hace seis años, periodo en el cual hemos diseñado un modelo de transparencia para la gestión pública municipal, cuya aplicación ha permitido que municipios como San Pedro Masahuat hayan alcanzado el quinto lugar del Indice de Competitividad Municipal por haber obtenido el segundo lugar del subíndice de transparencia.
Compartimos el interés mostrado por diversas instituciones para que en El Salvador se apruebe una Ley de Transparencia. En tal sentido reconocemos los esfuerzos del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por elaborar un Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a Información, anteproyecto que posteriormente fue retomado por FUSADES y el Grupo Promotor; de la misma manera reconocemos el esfuerzo por parte del FMLN en presentar un anteproyecto de ley de acceso a la información pública; ambos proyectos cumplen con los estándares del Consejo de Asuntos Jurídico y Políticos de la OEA.
Que la transparencia pública, implica una serie de condiciones de confianza y certidumbre entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, la cual se basa en reglas claras para todos, acceso a la información púbica, la rendición de cuentas, participación ciudadana y valores democráticos.
En este sentido, consideramos que las propuestas adolecen de mecanismos de participación ciudadana y de control social, así como de regulaciones más específicas sobre la rendición de cuentas; por otra parte consideramos que existen puntos que requieren mayor discusión y consenso tales como: La calificación de información reservada (art. 17) y confidencial (art. 22) particularmente lo relativo al secreto bancario, comerciales y fiscales; los plazos de reserva de la información; el enfoque de promoción de la cultura de transparencia (limitado a la capacitación o educación formal) y de manera muy especial la integración de la institución garante.
ISD manifiesta que en la institución garante de la transparencia no puede estar representada solo por entidades del sector privadas, en particular la ANEP por cuanto puede generar conflicto de interés, ya que sus representados son parte interesada al participar de las licitaciones y contrataciones con el Estado. De acuerdo con el sondeo de opinión realizado por el IUDOP en noviembre de 2009, los empresarios son los entes con menores niveles de credibilidad ciudadana.
Estamos convencidos que un anteproyecto de esta envergadura, requiere del respaldo de los diversos actores sociales, políticos e institucionales; por tanto, su discusión requiere del concurso y la participación de Partidos políticos, entidades de gobierno, Universidades, municipalidades, Asociaciones de Profesionales, iglesias, ONG´s entre otros; en este sentido consideramos que la propuesta de Ley de Transparencia y acceso a información no goza del respaldo de todos los actores de la sociedad civil, que la misma no ha sido lo suficientemente discutido y consensuado; por lo que vemos positivo y damos el beneficio de la duda a la iniciativa de la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, de ampliar la discusión y consulta respecto de esta ley.
